Una madre con hijos con discapacidad y jefa de hogar se quedó afuera de la entrega de viviendas
De los 23 hogares construidos en La Toma, ninguno fue adjudicado a Gabriela López, una mujer con tres hijos que vive en la extrema vulnerabilidad. El año pasado fue estafada por un funcionario de la Municipalidad que les robaba a los pobres los planes sociales.
La entrega de viviendas sociales no alcanza a los más vulnerables en San Luis. Un ejemplo de ello es lo que sucede en La Toma donde, con 23 casas listas para ser entregadas, se dejó afuera a una familia que vive bajo una vulnerabilidad extrema.
Pese a estar inscriptos en los planes habitacionales desde 2017, Gabriela López y sus hijos, todos ellos con discapacidad, no fueron considerados pese a las condiciones en las que viven.
Se trata de viviendas sociales que pertenecen al programa Casa Propia que lleva adelante el Gobierno nacional en conjunto con el provincial, y que serán entregadas este martes 19 de julio, según confirmó el ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat, Jorge Ferraresi.
El funcionario de Alberto Fernández dedicó una publicación en Facebook: “Más familias puntanas cumplirán el sueño de la casa propia”.
“Me dijeron que iban a tener en cuenta mi situación por los chicos y no pasó nada. Desde la Municipalidad me aseguraron que me iban ayudar. Les comenté que el dueño de la casa donde vivo me pide desde enero que deje el lugar, pero no tengo a dónde ir”, dijo López en declaraciones a El Chorrillero.
Donde alquila carece de las más mínimas condiciones que merece un hogar digno. Precariedad es el mejor sinónimo para referirse a esta ocasión. Las imágenes tomadas por una de sus hijas así lo grafican.
Ubicada en la calle Inti Huasi al 900, es una construcción antigua con una conexión eléctrica peligrosa y con huecos en las paredes que, en esta época del año resulta un puñal que les da el frío. Los agujeros en el techo de chapa también se hacen presentes.
El baño es un capítulo aparte. Una ducha improvisada, paredes con hongos por la humedad y hasta escombros, es el escenario con el que deben lidiar.
Pese a las necesidades y más allá de integrar grupos prioritarios para ser seleccionados debido a la cantidad de hijos y al delicado contexto de salud, nunca recibieron un llamado del Gobierno.
López tiene tres hijos: Cristian de 27 años con disminución visual, Leila de 22 tiene un tumor en el pecho y debe ser operada, y Luz María de 15.
El caso de la más pequeña cuenta con otra gravedad y es porque nació con quistes en los riñones y al poco tiempo le detectaron cáncer de vagina, por eso es paciente oncológica.
“Cada seis meses va al Policlínico en San Luis por el problema en los riñones. Lamentablemente, Luz este año vio deteriorada su salud y debió acudir más seguido al médico. También tengo que buscar un ortopedista porque se le están doblando los dedos del pie. Ya tengo dos turnos perdidos porque no puedo viajar”, sostuvo.
A ello hay que sumarle que la mujer presenta una hernia de disco y quistes en la columna y necesita operarse, pero por la falta de un lugar en buenas condiciones para recuperarse, no lo puede hacer.
En octubre del año pasado, López fue una víctima de Facundo Devia, un funcionario kirchnerista del intendente Ernesto “Pipi” Alí. Lo que hizo fue indignante: le quitó el plan social, único sustento que tenía para vivir.
El beneficio era de la Nación y lo cobraba desde el 2019. En resumen, Devia le robó la identidad para hacerse transferencia desde la cuenta bancaria.
El hecho fue denunciado por López y el funcionario fue desvinculado. Para la mujer fue un antes y un después: “Lo que pasó con Facundo Devia no me ayudó en nada, se han desentendido totalmente todas las autoridades. Me siguen defraudando tanto como la Municipalidad, como del pueblo porque no he tenido la ayuda de nadie”.
Ahora, solo espera ser escuchada y poder de una buena vez acceder a una vivienda, luego de una lucha que lleva ya cinco años.